Colombia: la campaña electoral más sangrienta en décadas

Una campaña bañada en sangre

Colombia llega a las elecciones legislativas del 8 de marzo y presidenciales del 31 de mayo de 2026 sumida en la campaña electoral más violenta de las últimas décadas. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), al menos 61 líderes políticos fueron asesinados desde el arranque de las campañas, y 81 municipios se encuentran en "riesgo extremo", un 65% más que en los comicios de 2022. El espectro del narcoterrorismo de los años ochenta vuelve a cernirse sobre las urnas colombianas.

El primer candidato presidencial asesinado en 30 años

El caso más emblemático fue el del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, abatido en Bogotá en el primer asesinato de un candidato a la presidencia en más de tres décadas. Pero la violencia no se detuvo ahí: en el departamento de Arauca, hombres armados dispararon más de 400 balas contra los vehículos del senador Jairo Castellanos, matando a dos guardaespaldas. En Cauca, la senadora Aída Quilcué fue brevemente secuestrada, y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella recibió una declaración del ELN que lo convertía en objetivo militar.

La MOE advierte que grupos armados operan en más de 600 municipios, lo que significa que aproximadamente la mitad del país enfrenta algún tipo de presión armada sobre la competencia electoral. Los candidatos describen "fronteras invisibles" que no pueden cruzar; los grupos criminales dictan qué temas pueden debatirse en campaña y a quién deben votar los ciudadanos en zonas rurales.

El legado de la 'Paz Total'

Los críticos responsabilizan directamente al presidente Gustavo Petro y su política de "Paz Total". La estrategia negociadora, en lugar de reducir la amenaza armada, proporcionó tiempo y espacio para que los grupos se reorganizaran y expandieran. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) documentó un crecimiento del 23,5% en un solo año en los efectivos de los grupos armados ilegales, que suman ya más de 27.000 combatientes. Las confrontaciones armadas aumentaron un 34%, los ataques a la población civil un 58% y el desplazamiento forzado se disparó un 85% en 2025, con la crisis del Catatumbo desplazando a 92.000 personas.

En paralelo, el cultivo de coca alcanzó 253.000 hectáreas y la producción de cocaína llegó a 3.001 toneladas en 2024, un 13% más que el año anterior. Colombia genera ahora el 70% de la cocaína que se consume en el mundo. Ante estos datos, Estados Unidos descertificó al país por "incumplimiento manifiesto" de sus compromisos antidrogas. El Clan del Golfo, por su parte, rompió las negociaciones de paz en febrero tras la reunión entre Petro y el presidente Trump, acusando al gobierno de mala fe.

Democracia en jaque

En las regiones más afectadas —Cauca, Arauca, Caquetá y el litoral Pacífico— las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco y el ELN no solo impiden la campaña, sino que también amenazan el acto mismo de votar. Grupos armados imponen toques de queda, prohíben el tráfico de vehículos y fuerzan el confinamiento de comunidades enteras durante jornadas electorales. "El posconflicto está resultando más violento que el propio conflicto", señalan quienes trabajan sobre el terreno.

Lo que está en juego en estos comicios va más allá de quién gobernará Colombia: es la posibilidad misma de celebrar elecciones libres en un país donde pedir el voto puede costar la vida.