España activa su escudo económico ante la crisis del Golfo

Un decreto urgente para el martes 17 de marzo

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo martes 17 de marzo un paquete de emergencia económica para amortiguar el impacto de la crisis energética del Golfo Pérsico sobre hogares y empresas españolas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez trabaja a contrarreloj en un decreto-ley que, según fuentes gubernamentales, contempla medidas esencialmente fiscales para contener la escalada del precio de la luz y los carburantes, disparada tras el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz a raíz de los ataques militares de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó que el Gobierno tiene «consenso sobre el efecto positivo» de los instrumentos utilizados durante la crisis energética de 2022 —cuando se redujo el IVA de la electricidad al 10 % y se suspendió el impuesto sobre la generación eléctrica— y que esos mismos mecanismos servirán de marco para las medidas actuales. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, añadió que el decreto prohibirá los despidos por causas energéticas y facilitará el acceso a los ERTE para empresas con dificultades por el encarecimiento del combustible.

El golpe del Estrecho de Ormuz en los precios

El cierre del Estrecho de Ormuz —por donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial— ha enviado el Brent por encima de los 100 dólares por barril, aunque con alta volatilidad. En España, los efectos en el surtidor ya son palpables: la gasolina acumula una subida de unos 15 céntimos por litro y el gasóleo, unos 28 céntimos desde el inicio del conflicto, según datos difundidos por medios especializados. El precio medio de la gasolina sin plomo rozaba los 1,815 euros por litro a principios de marzo, su nivel más alto en tres meses.

La crisis no se limita a los combustibles. El cierre de Ormuz también presiona al alza los precios de los fertilizantes, el azufre y otros insumos industriales que circulan por esa ruta, con consecuencias directas para el sector agrícola y la cadena alimentaria. Los mercados bursátiles europeos acumulan caídas superiores al 5 % desde el inicio de la crisis, con el índice STOXX 600 registrando su peor racha en varios meses.

Las cuatro patas del paquete de medidas

El Ejecutivo ha estructurado el decreto en cuatro bloques:

• Carburantes profesionales: ayudas específicas para el transporte por carretera y el sector agrícola, los más expuestos al precio del gasóleo.
• Fiscalidad energética: reducción del IVA de la electricidad y posible suspensión del impuesto sobre la generación eléctrica, replicando el modelo de 2022.
• Protección laboral: activación de los ERTE por causas energéticas, prohibición de despidos vinculados a la crisis y acceso al mecanismo RED de reducción de jornada.
• Medidas estructurales: impulso a las energías renovables y electrificación de la economía para reducir la dependencia del petróleo importado.

Las organizaciones de consumidores OCU y Facua reclaman, además, una reducción más amplia del IVA sobre los carburantes y la eliminación del impuesto especial sobre hidrocarburos, que representa cerca del 50 % del precio final en el surtidor.

Las reservas estratégicas como primera línea de defensa

España activó su participación en la histórica liberación coordinada de reservas estratégicas liderada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), a la que se sumaron alrededor de 32 países. El país aportará 11,5 millones de barriles de sus reservas, suficientes para cubrir unos 12 días de consumo. En total, España mantiene almacenados unos 420 millones de barriles en 120 depósitos distribuidos por el territorio nacional, lo que garantiza 92 días de suministro autónomo.

Una economía en riesgo de perder impulso

El momento es especialmente delicado para España. En 2025, el país registró un crecimiento del PIB del 2,9 %, el mayor entre las grandes economías de la Unión Europea, impulsado por el consumo privado, la inversión y un sector turístico en plena expansión. Sin embargo, como uno de los principales importadores europeos de gas natural licuado (GNL), España es especialmente vulnerable a las disrupciones en las rutas de suministro global.

La oposición —tanto el Partido Popular como Vox— exige medidas más ambiciosas y ha anunciado un debate en el Congreso de los Diputados la próxima semana. Desde Sumar, socio de gobierno, se pide un «escudo social» más amplio que proteja a los sectores más vulnerables. El Gobierno, por su parte, insiste en que actuará «cuando sea oportuno» y con la proporcionalidad que exija la evolución de los mercados.