Cómo funciona DACA y por qué los 'Dreamers' se enfrentan a la incertidumbre
DACA protege a aproximadamente 530.000 jóvenes inmigrantes de la deportación y les otorga permisos de trabajo, pero las continuas batallas legales y los cambios en la política federal dejan el futuro del programa en duda.
¿Qué es DACA?
La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocida como DACA (por sus siglas en inglés), es una política de inmigración estadounidense que protege temporalmente de la deportación a ciertos inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Establecido por la administración Obama en junio de 2012, el programa también otorga a los beneficiarios permisos de trabajo renovables por dos años, lo que les permite tener empleos, pagar impuestos y construir vidas en el único país que la mayoría de ellos ha conocido.
DACA no proporciona un estatus migratorio legal ni un camino hacia la ciudadanía. Es un ejercicio de discreción fiscal: el gobierno elige no perseguir la deportación contra personas que cumplen con criterios específicos. Esa distinción es fundamental tanto para su vulnerabilidad legal como para el debate político que lo rodea.
¿Quién califica y quiénes son los 'Dreamers'?
Para ser elegible para DACA, los solicitantes deben haber llegado a los EE. UU. antes de los 16 años, haber estado físicamente presentes desde al menos el 15 de junio de 2007 y tener menos de 31 años en la fecha de lanzamiento del programa. También deben estar matriculados en la escuela, tener un diploma de escuela secundaria o GED, o haber sido dados de baja honorablemente del ejército de los EE. UU. Cualquiera que haya sido condenado por un delito grave o tres o más delitos menores está descalificado.
Los beneficiarios son comúnmente llamados 'Dreamers' (Soñadores), un nombre derivado de la Ley DREAM, una legislación presentada por primera vez en el Congreso en 2001 que habría ofrecido un estatus legal permanente a los jóvenes inmigrantes que calificaran. El Congreso no ha logrado aprobar el proyecto de ley en repetidas ocasiones, razón por la cual la administración Obama creó DACA como una medida provisional a través de una acción ejecutiva.
Se estima que 3,6 millones de personas en Estados Unidos cumplen con la definición amplia de 'Dreamer', pero solo alrededor de 530.000 tienen actualmente un estatus DACA activo, según el American Immigration Council.
Impacto económico
Los beneficiarios de DACA contribuyen significativamente a la economía de los EE. UU. Más del 83 por ciento están empleados, y esa cifra supera el 90 por ciento entre los mayores de 25 años. Desde que obtuvieron DACA, los beneficiarios han visto que su salario promedio por hora se ha más que duplicado, de $11.92 a $31.52, un aumento del 164 por ciento, según encuestas del Center for American Progress.
En conjunto, los titulares de DACA contribuyen con aproximadamente $2.1 mil millones anuales a la Seguridad Social y Medicare y con $1.7 mil millones adicionales en impuestos estatales y locales. Casi un tercio ha comprado viviendas, impulsando las economías locales a través de los impuestos sobre la propiedad y el gasto del consumidor.
Una década de batallas legales
DACA se ha enfrentado a desafíos legales casi continuamente desde su creación. En 2017, la administración Trump intentó rescindir el programa por completo, pero el Tribunal Supremo de EE. UU. lo bloqueó en 2020, dictaminando que la rescisión se llevó a cabo de manera incorrecta. Sin embargo, la decisión no declaró que DACA en sí mismo fuera legal, dejando la puerta abierta a futuros desafíos.
Texas y otros estados demandaron al gobierno federal, argumentando que DACA se extralimitó en la autoridad ejecutiva. En 2023, el Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones emitió un veredicto mixto: confirmó el componente de protección contra la deportación como un ejercicio legal de discreción fiscal, pero encontró que la disposición del permiso de trabajo era potencialmente ilegal. Ninguna de las partes apeló ante el Tribunal Supremo antes de la fecha límite de mayo de 2025, lo que hizo que el fallo del Quinto Circuito fuera definitivo.
Desde julio de 2021, USCIS no ha podido aprobar nuevas solicitudes iniciales de DACA, lo que significa que solo aquellos que ya tenían el estatus pueden renovarlo. El programa está efectivamente congelado para los recién llegados.
Por qué el programa permanece en el limbo
DACA existe porque el Congreso nunca ha aprobado una legislación integral para abordar el estatus de los 'Dreamers'. Sin un estatuto, el programa se basa en la discreción ejecutiva, lo que lo hace vulnerable a las prioridades de cada nueva administración y a los fallos judiciales que pueden remodelarlo de la noche a la mañana.
Para el medio millón de personas que dependen de DACA, esa fragilidad legal se traduce en incertidumbre en el mundo real: el riesgo de que un permiso de trabajo renovado no llegue, de que una interacción rutinaria con las autoridades pueda desencadenar un proceso de expulsión o de que el programa pueda ser desmantelado por completo.
Hasta que el Congreso actúe, DACA sigue siendo lo que siempre ha sido: una solución temporal para un problema permanente, que protege a una población que, según prácticamente todas las medidas, está profundamente integrada en el tejido de la vida estadounidense.
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