España regulariza a 500.000 inmigrantes en proceso histórico

El mayor proceso de regularización en décadas

El Gobierno español de Pedro Sánchez ha dado luz verde a la mayor regularización masiva de inmigrantes que se recuerda en España desde 2005. Mediante un Real Decreto aprobado el 27 de enero de 2026, hasta 500.000 personas en situación irregular podrán acceder a un permiso de residencia legal, siempre que cumplan una serie de condiciones establecidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

¿Quiénes pueden solicitar la regularización?

Para acogerse al proceso extraordinario, los solicitantes deben haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 y poder acreditar al menos cinco meses de permanencia continuada en el país. Además, no deben tener antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público. Los solicitantes de asilo con expedientes abiertos antes de esa misma fecha también podrán beneficiarse de la medida.

Las solicitudes se aceptarán entre abril y el 30 de junio de 2026. Quienes las presenten recibirán un permiso de residencia provisional con validez de un año; transcurrido ese plazo, podrán incorporarse a las categorías ordinarias del Reglamento de Extranjería. Los hijos menores de los beneficiarios también quedarán amparados y recibirán un permiso de cinco años.

Un perfil mayoritariamente latinoamericano

El colectivo más beneficiado será el de ciudadanos latinoamericanos. Según datos manejados por el Gobierno, más de 760.000 personas en situación irregular proceden de América Latina, con Colombia a la cabeza —cerca de 290.000 casos—, seguida de Perú (110.000) y Honduras (90.000). El think tank económico Funcas estima además que el número total de personas en situación irregular en España podría alcanzar los 840.000, por lo que el impacto real de la medida podría superar las proyecciones oficiales.

Debate político: apoyo e intensa oposición

La medida ha desatado una intensa controversia. El Gobierno defiende que España necesita mano de obra para cubrir vacantes laborales y sostener el sistema de pensiones ante el envejecimiento de la población. La Iglesia católica española ha respaldado también la iniciativa, considerándola un acto de humanidad y sentido común en un contexto internacional cada vez más hostil a la migración.

Por el contrario, el Partido Popular (PP) ha tachado el plan de disparate y ha advertido de que podría desbordar los servicios públicos. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, elevó sus críticas al ámbito europeo, trasladando el asunto directamente a Ursula von der Leyen en la cumbre del Partido Popular Europeo celebrada en Zagreb.

Bruselas expresa sus reservas

La Comisión Europea ha mostrado reservas significativas ante la medida. El comisario de Asuntos Interiores, Magnus Brunner, compareció ante el Parlamento Europeo para analizar el impacto del proceso sobre el espacio Schengen y la política migratoria comunitaria. La principal preocupación radica en que los migrantes regularizados podrían circular libremente por otros países de la UE hasta 90 días por cada período de 180, generando tensiones con otros Estados miembros.

Un precedente histórico

Esta no es la primera vez que España recurre a una regularización masiva. En 2005, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero regularizó a más de 570.000 personas indocumentadas, proceso que sigue siendo el precedente más directo de la medida actual. Investigadores señalan que estas iniciativas no son ni extremas ni inéditas en el contexto europeo. Con este decreto, España se desmarca de la tendencia restrictiva predominante en buena parte de la Unión Europea, apostando por una política migratoria que, según sus defensores, combina humanidad con pragmatismo económico.