España regulariza a 500.000 inmigrantes en debate europeo

Un proceso sin precedentes recientes

El Consejo de Ministros español aprobó el 27 de enero de 2026 la tramitación urgente de un real decreto que permitirá regularizar la situación de hasta 500.000 personas que residen en España sin autorización. La medida, impulsada por el presidente Pedro Sánchez, establece requisitos accesibles: haber estado en España antes del 31 de diciembre de 2025, acreditar al menos cinco meses de residencia continuada y no tener antecedentes penales. Las solicitudes podrán presentarse entre abril y junio de 2026.

Los beneficiados recibirán una autorización inicial de un año, con derecho a trabajar en cualquier sector y en cualquier punto del territorio español. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, subrayó que la medida no concede ni la ciudadanía ni el derecho a voto en elecciones nacionales —como afirman bulos que circulan en redes sociales—, sino un primer paso hacia la integración legal.

Los latinoamericanos, principales beneficiarios

Según el think tank Funcas, cerca de 840.000 personas viven en situación irregular en España, de las cuales el 91 % proviene de Latinoamérica. Muchos llegaron como turistas con visado legal y decidieron quedarse al encontrar trabajo en sectores como la hostelería, la agricultura o los servicios domésticos. Colombia, Ecuador, Venezuela, Honduras y Brasil encabezan las nacionalidades afectadas.

El Gobierno argumenta que la inmigración fue responsable del 80 % del crecimiento económico español en los últimos seis años, y que el país necesita mano de obra para sostener su economía y hacer frente al envejecimiento de la población.

Debate político: PP y Vox contra el decreto

La medida ha generado una fuerte reacción en la oposición conservadora. El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, calificó el plan de "disparate" y advirtió que "desbordará los servicios públicos". Tanto el PP como Vox coincidieron en rechazar la regularización, alegando que el Gobierno "premia a quien incumple la ley". Vox presentó una proposición no de ley exigiendo deportaciones masivas, mientras que el PP redactó una enmienda propia que, aunque rechazó el plan de Vox, también se opuso al proceso de regularización.

En contraste, la Iglesia Católica española aplaudió la iniciativa como "un acto de justicia social", sumándose a las voces favorables a la medida.

España frente a Europa: un modelo alternativo

La decisión española se produce en un momento en que buena parte de Europa endurece sus políticas migratorias. Países como Alemania, Italia o los Países Bajos han reforzado los controles fronterizos y restringido el acceso al asilo, siguiendo en parte el discurso de partidos de extrema derecha.

España apunta a un camino distinto, y su precedente histórico lo avala. En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero regularizó a 576.000 inmigrantes con resultados económicos positivos: según investigaciones académicas, los ingresos fiscales aumentaron aproximadamente 4.000 euros por migrante regularizado al año, sin que se observara ningún efecto llamada significativo. La Comisión Europea ha mantenido silencio sobre la medida —que se enmarca en competencias nacionales—, aunque el PP trasladó su malestar directamente a la presidenta Ursula von der Leyen.

Un modelo a debate en el continente

Con hasta medio millón de personas a punto de salir de la sombra legal, España abre un debate que va más allá de sus fronteras. Si el proceso logra sus objetivos de integración laboral y contribución fiscal, podría convertirse en un argumento sólido para quienes defienden políticas migratorias más humanas en Europa. La respuesta latinoamericana ha sido de amplia bienvenida; la europea, de cautelosa observación.