Por qué Perú no logra mantener un presidente: 9 mandatarios en una década

Una puerta giratoria en el Palacio Presidencial

Perú ostenta una distinción que ninguna democracia desea: desde 2016, el país ha consumido nueve presidentes. Ningún líder electo ha completado un mandato completo. Los presidentes han sido destituidos, obligados a renunciar, arrestados y, en un caso, derrocados después de solo cinco días en el cargo. El patrón ha dejado a Perú en un estado de crisis política casi permanente, y a los votantes dirigiéndose a las urnas una vez más.

Comprender por qué requiere observar tres fuerzas que se refuerzan mutuamente: una laguna constitucional heredada de un dictador, uno de los sistemas de partidos más débiles del hemisferio occidental y una epidemia de corrupción que ha tocado prácticamente a todos los líderes que entran al palacio presidencial.

La cláusula de la "Incapacidad Moral"

En el corazón de la inestabilidad se encuentra el Artículo 113 de la Constitución del Perú, que permite al Congreso declarar la vacancia de la presidencia debido a la "incapacidad moral permanente". La cláusula se remonta al siglo XIX y originalmente tenía la intención de cubrir situaciones en las que un presidente se volvía mental o físicamente incapaz de gobernar. Pero la constitución actual, redactada en 1993 bajo el presidente autoritario Alberto Fujimori, dejó el término deliberadamente vago.

Desde 2016, el Congreso ha reinterpretado la "incapacidad moral" para significar mala conducta política o ética, convirtiéndola efectivamente en una herramienta de destitución de bajo umbral. La destitución requiere una votación de dos tercios (87 de 130 legisladores), pero sin juicio formal, sin revisión judicial y sin un estándar de prueba claramente definido. El experto constitucional Alonso Gurmendi ha calificado el mecanismo como "una solución práctica para una crisis que ocurre una vez en la vida" que, en cambio, se ha convertido en "un precedente que puede ser usado y abusado".

Nueve presidentes, una década

La cascada comenzó con Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018), quien renunció enfrentando un juicio político por vínculos con el gigante brasileño de la construcción Odebrecht. Su sucesor, Martín Vizcarra, fue destituido en noviembre de 2020 por un Congreso en el que 68 de 130 miembros enfrentaban sus propias investigaciones por corrupción. Manuel Merino duró cinco días antes de que protestas masivas, en las que la policía mató a dos manifestantes, forzaran su renuncia. El líder interino Francisco Sagasti ocupó el cargo hasta que las elecciones llevaron a Pedro Castillo al poder en 2021.

Castillo intentó disolver el Congreso en diciembre de 2022 y fue rápidamente destituido y arrestado. La vicepresidenta Dina Boluarte asumió el cargo y sobrevivió a ocho intentos de destitución antes de ser finalmente removida en octubre de 2025. Su sucesor, José Jerí, fue destituido después de solo cuatro meses por reuniones secretas con un empresario chino. El actual presidente interino, José María Balcázar, es el noveno líder en menos de una década.

Una democracia sin partidos

La cláusula constitucional es el arma, pero el fragmentado sistema de partidos de Perú es lo que hace que sea tan fácil apretar el gatillo. Desde que el régimen de Fujimori colapsó en 2000, Perú ha funcionado como lo que los académicos llaman una "democracia sin partidos". Las organizaciones políticas se construyen en torno a individuos, no a ideologías. Se forman antes de las elecciones y se disuelven poco después.

La fragmentación es extrema. La contienda presidencial de 2026 presenta 35 candidatos de casi 40 partidos registrados, un récord nacional. En el Congreso, los grupos parlamentarios se dividen rutinariamente a mitad de período; la legislatura elegida en 2016 con seis bloques había duplicado ese número cuando fue disuelta. Sin mayorías estables, cada presidente gobierna a merced de coaliciones congresales cambiantes que pueden reunir los 87 votos necesarios para la destitución en casi cualquier momento.

La corrupción como constante

Lo que une el ciclo es la corrupción endémica. El escándalo de sobornos de Odebrecht por sí solo implicó a cuatro presidentes peruanos. Según una encuesta de Ipsos, el 67 por ciento de los peruanos clasifica la corrupción como una de las principales preocupaciones nacionales, justo detrás de la inseguridad con un 68 por ciento. El Congreso frecuentemente destituye a los presidentes por acusaciones de corrupción, mientras que sus propios miembros enfrentan cargos idénticos. El resultado es un sistema donde la acusación de irregularidades funciona menos como rendición de cuentas y más como una herramienta política utilizada por actores que están ellos mismos comprometidos.

¿Se puede romper el ciclo?

Los analistas señalan varias reformas estructurales que podrían ayudar: elevar el umbral para la destitución presidencial, exigir la supervisión judicial de los procedimientos de "incapacidad moral", fortalecer los requisitos de registro de partidos y crear un organismo anticorrupción independiente con poder real de enjuiciamiento. Pero cada reforma requiere la acción del mismo Congreso que se beneficia del statu quo.

El próximo presidente electo de Perú asumirá el cargo el 28 de julio de 2026. La historia sugiere que las probabilidades de terminar un mandato completo de cinco años son escasas, a menos que las reglas del juego cambien fundamentalmente.