Cómo funcionan las empresas militares privadas y por qué prosperan

Soldados de alquiler

Cuando estallan los disparos en una zona de conflicto, los combatientes que aprietan los gatillos no siempre son soldados uniformados que responden ante un gobierno. Cada vez más, trabajan para empresas militares privadas (EMP): entidades corporativas que reclutan, entrenan y despliegan personal armado con fines de lucro. Se estima que la industria mundial de las EMP tiene un valor de 100.000 millones de dólares, y su presencia se extiende desde Oriente Medio hasta el África subsahariana, América Latina y Europa del Este.

Las EMP ocupan un espacio turbio entre las empresas de seguridad legítimas y los mercenarios de antaño. Para comprender cómo operan, y por qué los gobiernos siguen contratándolas, es necesario analizar su modelo de negocio, su estatus legal y el vacío regulatorio que les permite florecer.

Qué hacen realmente las EMP

Las empresas militares privadas ofrecen servicios que antes pertenecían exclusivamente a los ejércitos estatales. Sus contratos suelen cubrir seguridad armada y protección personal, entrenamiento y asesoramiento a las fuerzas militares locales, recopilación de inteligencia y vigilancia, gestión de logística y cadena de suministro, y mantenimiento de sistemas de armas y equipos militares.

El personal procede casi exclusivamente de antiguos operadores de fuerzas especiales, veteranos militares y ex agentes de policía. Las empresas reclutan a nivel mundial, a veces desplegando equipos multinacionales en un solo contrato. Los clientes van desde el Departamento de Defensa de EE. UU. y el Ministerio de Asuntos Exteriores británico hasta corporaciones mineras, empresas petroleras y, de forma más controvertida, gobiernos autoritarios que buscan apuntalar su control del poder.

Los principales actores de la industria

La industria moderna de las EMP explotó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos externalizó grandes porciones de sus operaciones en Irak y Afganistán. Blackwater, fundada en 1997 por el ex Navy SEAL Erik Prince, se convirtió en el nombre más reconocible del sector. En su apogeo, la empresa tenía contratos por valor de cientos de millones de dólares para proteger a altos funcionarios estadounidenses en Bagdad. Tras la masacre de la plaza Nisour de 2007, en la que empleados de Blackwater mataron a 17 civiles iraquíes, la empresa cambió de marca, primero como Xe Services y luego como Academi, antes de integrarse en el paraguas de Constellis en 2014.

En el lado ruso, el Grupo Wagner desplegó a más de 50.000 efectivos en Siria, Ucrania y al menos 20 países africanos antes de que su fundador, Yevgeny Prigozhin, muriera en 2023. Posteriormente, Moscú absorbió las operaciones de Wagner en un sucesor estatal llamado Africa Corps, que ahora opera en Malí, la República Centroafricana, Libia, Burkina Faso y Níger, según el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).

La zona gris legal

El derecho internacional humanitario trata a la mayoría de los empleados de las EMP como civiles. En virtud de los Convenios de Ginebra, están protegidos contra los ataques, a menos que participen directamente en las hostilidades, en cuyo caso pierden esa protección. A diferencia de los soldados regulares, los contratistas que luchan no pueden reclamar el estatus de prisionero de guerra si son capturados, según el Comité Internacional de la Cruz Roja.

La distinción entre un contratista de una EMP y un mercenario es legalmente significativa, pero prácticamente difusa. La Convención Internacional de la ONU contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios de 1989 prohíbe la actividad mercenaria, pero las principales potencias militares, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia, nunca la han ratificado.

El esfuerzo regulatorio más significativo hasta la fecha es el Documento de Montreux, adoptado en 2008 mediante una iniciativa conjunta de Suiza y el CICR. Ahora respaldado por 54 estados y tres organizaciones internacionales, reafirma las obligaciones legales existentes, pero sigue siendo no vinculante. La regulación nacional varía enormemente: algunos países prohíben las EMP por completo, otros exigen licencias estrictas y muchos no tienen ninguna norma.

Por qué los gobiernos siguen contratándolas

Las EMP ofrecen conveniencia política. Las bajas de los contratistas no aparecen en los recuentos oficiales de muertes militares, lo que reduce la reacción pública. Pueden desplegarse más rápido que los ejércitos permanentes y disolverse con la misma rapidez. Para las naciones más pequeñas, las EMP proporcionan capacidades (apoyo aéreo, operaciones cibernéticas, entrenamiento de élite) de las que carecen sus propios ejércitos.

Los críticos argumentan que esta conveniencia tiene un alto costo: menor rendición de cuentas, abusos contra los derechos humanos y la privatización de la violencia. Cuando los contratistas cometen atrocidades, el enjuiciamiento es notoriamente difícil a través de las fronteras jurisdiccionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido repetidamente que el crecimiento sin control de las EMP plantea un desafío fundamental al monopolio estatal sobre el uso de la fuerza.

A medida que los conflictos se multiplican y los presupuestos de defensa se ajustan, la industria militar privada no muestra signos de reducción. La pregunta ya no es si las naciones utilizarán las EMP, sino si el mundo puede construir un marco legal para responsabilizarlas cuando lo hagan.