Fin de la ley especial para ucranianos: ¿Qué cambia el 5 de marzo?

Fin de la protección especial tras cuatro años

A partir del 5 de marzo de 2026 entra en vigor en Polonia un nuevo ordenamiento jurídico para los refugiados de Ucrania. El presidente Karol Nawrocki firmó el 19 de febrero la ley que extingue la ley especial de 2022, una regulación introducida en las primeras semanas de la invasión rusa a gran escala que, durante cuatro años, garantizó a los ucranianos un acceso simplificado a la residencia, el trabajo, las prestaciones y la educación. A partir de ahora, casi un millón de ciudadanos ucranianos en Polonia estarán sujetos a la ley estándar de extranjería.

Un año para regularizar la situación

La ley contiene un importante período de transición: los derechos de residencia de los actuales beneficiarios de la ley especial se prorrogan automáticamente hasta el 4 de marzo de 2027. Este es el plazo para que los ucranianos puedan regularizar su situación conforme a los procedimientos estándar para extranjeros. No obstante, las personas que tengan un número PESEL con la designación UKR deberán confirmar su identidad en el ayuntamiento con un documento de viaje válido antes del 31 de agosto de 2026; de lo contrario, perderán la protección temporal.

El funcionamiento de la plataforma Diia.pl, la aplicación mObywatel y los procedimientos simplificados de registro de actividades económicas se mantienen sin cambios.

Qué desaparece y qué permanece

Los cambios más importantes se refieren al ámbito social. El alojamiento y la manutención gratuitos se limitarán exclusivamente a los grupos vulnerables: personas con discapacidad, personas mayores que viven solas y familias en crisis. Las personas que hasta ahora se beneficiaban de los centros de acogida colectiva y no pertenecen a estos grupos podrán permanecer en ellos hasta el 30 de junio de 2026 para poder independizarse.

En el ámbito de la educación, las clases adicionales de polaco, los límites más elevados de horas extraordinarias para los profesores y el transporte escolar gratuito se mantendrán hasta el final del curso escolar 2025/2026. Después, las escuelas volverán a la normativa estándar.

La prestación por hijo a cargo 800+ para las familias ucranianas estará condicionada a la actividad laboral: su pago dependerá de que el tutor esté empleado.

Un impresionante balance del 2,7% del PIB

El debate sobre las consecuencias de esta decisión se desarrolla a la sombra de unos datos económicos impresionantes. Según un informe de Deloitte elaborado para ACNUR, los refugiados ucranianos generaron en 2024 nada menos que el 2,7% del PIB polaco, más de 100.000 millones de zlotys de valor añadido. La tasa de empleo entre los refugiados en edad de trabajar alcanzó el 69%, ligeramente por debajo del 75% de los polacos. Los autores del informe estiman que la eliminación de tan solo la mitad de las barreras del mercado laboral podría generar 6.000 millones de zlotys adicionales al año.

Preocupaciones de expertos y organizaciones no gubernamentales

El Gobierno justifica la reforma por las crecientes tensiones sociales y el principio de igualdad de trato para todos los extranjeros. Sin embargo, los críticos señalan graves riesgos. Las organizaciones no gubernamentales, entre ellas Pallium for Ukraine, advierten de que las personas del grupo más vulnerable (enfermos graves, dependientes de equipos médicos) podrían enfrentarse a una trágica elección: permanecer en condiciones inadecuadas o regresar a Ucrania a pesar de la actual invasión rusa.

Los expertos económicos, por su parte, señalan el riesgo de fuga de trabajadores. Los ucranianos constituyen hoy en día una parte importante de los empleados en el comercio, la atención sanitaria, la logística y los servicios.

Tensión con la legislación de la UE

También existe una dimensión jurídica. La Decisión de Ejecución del Consejo de la UE de julio de 2025 prorrogó la protección temporal para los refugiados ucranianos hasta el 4 de marzo de 2027, un año más de lo previsto en la ley polaca de extinción. El Gobierno de Varsovia argumenta que los instrumentos clave de protección se han trasladado al nuevo sistema, no se han eliminado. La Comisión Europea tendrá que evaluar si la legislación polaca se ajusta plenamente a las obligaciones de la UE.

Las nuevas regulaciones cierran una época de soluciones extraordinarias y plantean una pregunta fundamental: ¿ha construido Polonia un sistema de integración suficientemente eficaz para llevar a cabo sin problemas esta difícil transferencia legal para casi un millón de personas?