Fin de la ley especial ucraniana. Nuevas reglas a partir del 5 de marzo de 2026

Cambio histórico en la política migratoria polaca

A partir del 5 de marzo de 2026, Polonia pone fin a cuatro años de funcionamiento de la ley especial que, desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, regulaba la estancia y los derechos de los refugiados ucranianos. El presidente Karol Nawrocki firmó la nueva legislación el 19 de febrero de 2026, después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley el 20 de enero. En lugar de soluciones nacionales especiales, entra en vigor un sistema único de protección temporal a nivel de la UE para los extranjeros.

Quién conserva el estatus y en qué condiciones

Los ucranianos que posean un número PESEL con estatus UKR seguirán estando cubiertos por la protección temporal hasta el 4 de marzo de 2027. La legalidad de su estancia, el derecho al trabajo y el acceso a la educación se mantienen, en principio. Sin embargo, es fundamental cumplir con los nuevos requisitos formales.

Los nuevos llegados, los ucranianos que entren en Polonia después del 5 de marzo de 2026, deben solicitar el PESEL UKR en un plazo de 30 días desde que crucen la frontera. No presentar la solicitud en este plazo conlleva la pérdida automática de la protección temporal. Igualmente importante es la cláusula relativa a la ausencia: salir de Polonia por un período superior a 30 días implica la pérdida del estatus UKR y su cambio al estatus NUE.

Las personas que hayan obtenido el PESEL UKR sobre la base de una declaración, sin presentar un pasaporte, tienen hasta el 31 de agosto de 2026 para confirmar su identidad en cualquier oficina municipal. Después de esta fecha, su estatus se cambiará automáticamente a NUE, lo que les privará de los derechos derivados de la protección temporal.

Menos prestaciones, nuevos umbrales de acceso

Los mayores cambios prácticos se refieren a las prestaciones sociales y la atención sanitaria. Hasta ahora, los ucranianos cubiertos por la protección disfrutaban de atención médica gratuita en términos generales. A partir del 5 de marzo, solo determinados grupos conservarán el derecho a las prestaciones financiadas con cargo al presupuesto estatal: niños, mujeres embarazadas, víctimas de violencia y soldados heridos. El resto estará cubierto por un seguro médico basado en cotizaciones, al igual que los ciudadanos polacos.

Asimismo, la prestación 800+ estará condicionada al pago de las cotizaciones a la seguridad social, lo que de facto implica el requisito de un empleo formal. El apoyo a la vivienda en su forma actual se verá limitado: el alojamiento colectivo solo estará disponible en situaciones de crisis (hasta 60 días) o para grupos especialmente vulnerables, como personas mayores y discapacitadas.

Empleo y nuevos documentos

En el ámbito del empleo, los cambios son más suaves. Los derechos laborales existentes siguen siendo válidos, pero los nuevos empleadores deberán aplicar la confirmación estándar de la protección temporal en la tarjeta de residencia. Está previsto introducir la tarjeta de residencia cUKR, un permiso de residencia de tres años con un procedimiento electrónico simplificado para las personas con estatus UKR, que se espera que esté disponible a mediados de 2026.

Los certificados en papel del Jefe de la Oficina de Asuntos de Extranjería se sustituyen por un documento electrónico disponible en la aplicación mObywatel como parte del servicio Diia.pl. El PESEL UKR sigue siendo el principal documento que confirma la estancia legal en Polonia.

Un millón de personas, un sistema

La reforma afecta a más de un millón de ciudadanos ucranianos que residen en Polonia, lo que supone uno de los mayores cambios en la política migratoria del país desde el inicio de la invasión a gran escala. El gobierno justifica la reforma por la necesidad de racionalizar el gasto público y eliminar el trato desigual a los extranjeros. De este modo, Polonia se une al sistema único de la UE que se aplica al resto de los países de la UE.

Para los refugiados, esto significa la necesidad de gestionar más activamente su estatus legal, vigilando los plazos, los registros y los documentos, bajo la amenaza de perder la protección. Las organizaciones de ayuda humanitaria piden una amplia campaña de información para que ninguno de los protegidos pierda su estatus por pasar por alto los nuevos requisitos formales.