Hong Kong encarcela al padre de una activista en un caso histórico de la LSN

Un nuevo hito en la represión transnacional

Un tribunal de Hong Kong condenó el jueves a un hombre de 68 años a ocho meses de prisión por intentar acceder a la póliza de seguro de su propia hija, una sentencia que las organizaciones de derechos humanos y los gobiernos occidentales califican de escalada histórica en el uso que hace la ciudad de la ley de seguridad nacional contra las familias de disidentes en el extranjero.

Kwok Yin-sang es el padre de Anna Kwok, de 29 años, directora ejecutiva en Washington del Hong Kong Democracy Council (HKDC), un grupo de presión que hace campaña por los presos políticos y sensibiliza sobre los abusos contra los derechos humanos en Hong Kong. Su condena marca la primera vez que un familiar de un activista buscado en el extranjero es procesado en virtud de la legislación de seguridad de Hong Kong.

Una póliza de seguro como acto criminal

Los cargos se derivan de una transacción financiera aparentemente mundana. En enero y febrero de 2025, Kwok Yin-sang intentó retirar aproximadamente 88.000 dólares de Hong Kong (unos 11.300 dólares estadounidenses) de una póliza de seguro de vida de AIA que había comprado originalmente para su hija en 1999, cuando ella tenía sólo dos años. Los fiscales argumentaron que esto constituía el manejo criminal de los activos financieros de un "fugitivo" en virtud del artículo 23 de la Ordenanza de Salvaguardia de la Seguridad Nacional de Hong Kong.

El magistrado principal en funciones, Andy Cheng, fijó una pena inicial de nueve meses, reducida a ocho dada la edad del acusado y su expediente penal limpio. El juez describió el delito como "grave" y señaló que Kwok "no mostró remordimiento", incluso reconociendo que no había puesto en peligro directamente la seguridad nacional, según el Hong Kong Free Press. Representantes de los consulados de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Bélgica observaron el procedimiento.

Hija en Washington, padre entre rejas

Anna Kwok es una persona buscada en Hong Kong desde 2023, cuando las autoridades ofrecieron una recompensa de 1 millón de dólares de Hong Kong (aproximadamente 127.900 dólares estadounidenses) por su supuesta colusión con fuerzas extranjeras. Es una de los 19 activistas exiliados que actualmente están sujetos a tales órdenes y recompensas.

En respuesta al veredicto, Anna Kwok calificó el enjuiciamiento de "absolutamente despreciable". El Hong Kong Democracy Council lo calificó como "una escalada más de la represión transnacional". Desde que la policía inició su investigación en 2023, no ha podido contactar con su padre, su hermano u otros familiares en su país.

Grupos de derechos humanos dan la voz de alarma

El caso ha suscitado una rápida condena por parte de organismos internacionales de derechos humanos. Elaine Pearson, directora para Asia de Human Rights Watch, dijo:

"La condena del padre de Anna Kwok es cruel e injusta, y pone de relieve hasta dónde llegarán las autoridades chinas para presionar a los activistas en el extranjero".

HRW calificó el enjuiciamiento como "castigo colectivo" —penalizar a personas por las actividades políticas de otros—, lo que, según dice, viola el derecho internacional de los derechos humanos. Expertos legales han advertido que la sentencia establece un precedente que podría exponer a miles de hongkoneses cuyos familiares han huido al extranjero.

Un patrón con precedentes

Pekín ha utilizado durante mucho tiempo tácticas similares contra las comunidades de la diáspora de Xinjiang y el Tíbet, donde los familiares de activistas en el extranjero se han enfrentado a la detención y el acoso. La sentencia del jueves indica que el aparato de seguridad de Hong Kong posterior a 2020 está ahora preparado para desplegar la misma estrategia contra los exiliados prodemocráticos.

Dado que las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de detención contra casi dos docenas de disidentes en el extranjero, las familias que permanecen en la ciudad se enfrentan ahora a una elección imposible: cortar el contacto con sus familiares en el extranjero o arriesgarse a ser procesadas en virtud de leyes que conllevan una pena máxima de dos años por manejar los bienes de un fugitivo. Los críticos dicen que la sentencia no se trata sólo de una familia, sino que es una advertencia deliberada a todos los hogares con vínculos con el movimiento democrático de la diáspora de Hong Kong.