Pellegrini propone declarar el estado de amenaza: el ejército no puede derribar drones
El presidente Pellegrini y el ministro de Defensa Kaliňák proponen introducir en la Constitución un nuevo régimen de seguridad: el estado de amenaza, que permitiría desplegar al ejército incluso sin declarar el estado de guerra. La oposición reacciona con cautela.
Eslovaquia carece de un instrumento legal para defenderse de los drones
El presidente Peter Pellegrini, junto con el ministro de Defensa Robert Kaliňák, proponen introducir en la Constitución eslovaca un nuevo instituto de seguridad: el estado de amenaza. Se trata de un término medio entre el estado de paz y el estado de guerra, que falta en la legislación actual. La iniciativa surgió tras la visita del presidente al jefe del Estado Mayor General, Daniel Zmeko, donde las fuerzas armadas reconocieron abiertamente una grave laguna en el marco legal.
El núcleo del problema es alarmante: si hoy un dron hostil entrara en el espacio aéreo eslovaco, el ejército no tiene derecho a derribarlo. El ministro Kaliňák confirmó que el sistema de defensa antiaérea Mantis, ubicado en el aeropuerto de Prešov, actuaría en contra de la ley en caso de una amenaza real. La Constitución eslovaca sólo reconoce el estado de paz, el estado de emergencia, el estado de excepción y el estado de guerra, pero no un término medio que permita el despliegue de la fuerza militar sin una declaración formal de guerra.
¿Cómo funcionaría el nuevo instituto?
Según la propuesta, el estado de amenaza podría ser declarado por el gobierno a recomendación del Consejo de Seguridad del Estado. Se activaría, por ejemplo, ante informaciones de inteligencia sobre un ataque terrorista planeado contra infraestructuras críticas: centrales nucleares, nodos energéticos o instalaciones militares.
Pellegrini subrayó que no se trata de una preparación para un conflicto militar. "Esta no es una legislación para preparar a Eslovaquia para un conflicto bélico, sino para amenazas", declaró el presidente. En la práctica, esto significaría la posibilidad de instalar sistemas de defensa alrededor de objetos estratégicos y autorizarlos a eliminar automáticamente las amenazas, por ejemplo, drones hostiles que se dirijan a una central nuclear.
Sin embargo, su realización requiere una modificación de la Constitución, lo que implica una mayoría constitucional en el Parlamento y el apoyo necesario de parte de la oposición.
La oposición advierte sobre un escenario húngaro
Los partidos de la oposición reaccionan con cautela a la propuesta. El diputado Juraj Krúpa, del partido SaS, advirtió que el modelo recuerda al sistema húngaro de poderes de emergencia, que, según los críticos, se utiliza para crear una sensación permanente de amenaza, especialmente en el período previo a las elecciones.
El movimiento KDH calificó de innecesaria la introducción de un nuevo instituto. Según los demócrata-cristianos, la legislación eslovaca ya permite explícitamente el despliegue del ejército y de medios militares en caso de ataques terroristas u otras amenazas graves. KDH ve en la propuesta más bien una concentración innecesaria de poder en manos de un solo ministerio.
Progresívne Slovensko prometió una evaluación exhaustiva, pero pide una explicación clara de dónde falla exactamente la legislación actual. PS también recordó las experiencias históricas del uso indebido del ejército contra sus propios ciudadanos durante el régimen comunista.
Contexto: drones y seguridad regional
La propuesta llega en un momento de crecientes desafíos de seguridad en la región. El actual conflicto en Oriente Medio y los ataques a las instalaciones de armamento de la empresa Elbit Systems en la República Checa han puesto de relieve la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas en Europa Central. El jefe del Estado Mayor General, Zmeko, confirmó que ha llegado el momento de realizar cambios sistémicos, no sólo ajustes cosméticos.
Queda por ver si se podrá encontrar un consenso político para modificar la Constitución. Pellegrini tendrá que convencer a la oposición de que el nuevo instituto contiene salvaguardias suficientes contra el abuso, y esto en un entorno político en el que la confianza entre la coalición y la oposición no está precisamente en su punto álgido.