Venezuela Libera a Miles Bajo Histórica Ley de Amnistía
El gobierno interino de Venezuela afirma que más de 3.200 personas han sido liberadas en virtud de una nueva y amplia ley de amnistía, pero observadores independientes de derechos humanos dicen que cientos de presos políticos verificados permanecen detenidos, lo que pone en duda la magnitud del avance.
Un Giro Dramático Tras la Caída de Maduro
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó una amplia ley de amnistía el 20 de febrero de 2026, en una de las reversiones políticas más significativas en la historia reciente del país. La legislación sigue a la operación militar estadounidense en enero que destituyó al expresidente Nicolás Maduro del poder, un cambio sísmico que obligó a Caracas a confrontar su historial, largamente negado, de encarcelamiento político.
La ley otorga una amnistía "general y plena" a las personas procesadas o condenadas por delitos políticos o relacionados que datan de 1999, el inicio de la presidencia de Hugo Chávez. Ese amplio marco temporal abarca a los miles de detenidos durante las oleadas de protestas en 2014, 2017, 2019 y los más de 2.000 arrestados tras las caóticas secuelas de las controvertidas elecciones presidenciales de 2024.
Afirmaciones del Gobierno vs. Realidad Sobre el Terreno
La Asamblea Nacional de Venezuela se ha apresurado a pregonar los resultados de la ley. El legislador Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión de implementación, informó que se recibieron más de 4.200 solicitudes de amnistía en los primeros días después de que la ley entrara en vigor. Los funcionarios anunciaron que 3.052 personas que anteriormente estaban bajo arresto domiciliario u otras medidas restrictivas habían recibido la plena libertad, junto con 179 personas liberadas directamente de la prisión, lo que eleva la cifra principal a más de 3.200 liberados.
Pero las cifras del gobierno enfrentan un serio escrutinio. La organización venezolana de derechos de los presos Foro Penal ha verificado de forma independiente solo 91 liberaciones políticas desde que la ley entró en vigor. La organización dice que aproximadamente 600 personas permanecen detenidas por motivos políticos, con al menos 232 casos considerados inelegibles para la amnistía según las cláusulas de exclusión de la ley.
La Letra Pequeña
Los críticos se han centrado en una exclusión clave en la legislación: prohíbe explícitamente la amnistía para aquellos procesados por "promover o facilitar acciones armadas o de fuerza" por parte de actores extranjeros contra la soberanía de Venezuela. Los defensores de los derechos humanos advierten que este lenguaje es lo suficientemente amplio como para cubrir a muchas figuras de la oposición y activistas a quienes las autoridades históricamente han atacado utilizando exactamente tales cargos.
La ley también excluye a las personas condenadas por homicidio intencional, tráfico de drogas, rebelión militar y violaciones graves de los derechos humanos, exclusiones internacionales estándar que, en el contexto de Venezuela, los grupos de defensa dicen que a menudo se han aplicado incorrectamente.
Reacción Internacional
Las Naciones Unidas acogieron con beneplácito la amnistía "con cautela", instando a que se aplique a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal y se incorpore dentro de un marco de justicia transicional más amplio consistente con los estándares internacionales. Los legisladores de la oposición también adoptaron un tono moderado, calificándola de "un gran paso adelante" al tiempo que reconocieron que "no es perfecta".
Las familias de los presos que aún están detenidos no han esperado pacientemente. Algunos han organizado protestas frente a los centros de detención; otros comenzaron huelgas de hambre para presionar por la liberación de familiares que permanecen tras las rejas a pesar de la aprobación de la ley.
Una Prueba de la Transición de Venezuela
La brecha entre las amplias afirmaciones del gobierno y las liberaciones verificadas de forma independiente resume la fragilidad de la transición política de Venezuela. Después de décadas de consolidación autoritaria tanto bajo Chávez como bajo Maduro, los observadores internacionales dicen que la ley de amnistía por sí sola no puede sustituir una reforma judicial sistémica. La fidelidad con la que se implemente, y la honestidad con la que se informe, servirán como una prueba temprana de si la era posterior a Maduro marca una genuina apertura democrática o simplemente un cambio de marca de las mismas estructuras de poder.